CIUDAD DE MÉXICO — Líderes católicos están pidiendo calma en Honduras mientras se esperan los resultados de la reciente elección.
Ellos también expresaron preocupación por el tiempo que se ha tomado para contar los votos y anunciar los resultados oficiales. La espera, de más de cuatro días después de la elección del 26 de noviembre, arriesga socavar la confianza en el proceso y perjudica la democracia en un país que tiene una historia reciente de golpes de estado y crisis políticas, dijeron.
La conferencia de religiosos hondureños dijo el 29 de noviembre que el retraso creaba un ambiente de inseguridad.
El día anterior la conferencia episcopal hondureña dijo en un comunicado que “cualquier atraso en dicha información sólo genera una suspicacia que no es conveniente y que puede detonar los sentimientos de inseguridad y división a los que algunos políticos nos han llevado en los últimos años”.
Las elecciones presidenciales de Honduras se llevaron a acabo el 26 de noviembre. Los primeros resultados mostraban que el líder de la oposición Salvador Nasralla iba ganando los votos por cinco por ciento sobre el presidente Juan Orlando Hernández. Con 58 por ciento de los votos escrutados, el tribunal electoral, controlado por aliados de Hernández, detuvo el conteo y no dió información por más de un día.
Cuando el conteo de votos continuó, los resultados mostraron que Hernández rápidamente iba cerrando la diferencia y sobrepasó a Nasralla. El tribunal entonces retrasó declarar el ganador el 29 de noviembre debido a una falla en las computadoras, algo que alimentó la sospecha.
“El sistema de cómputo se cayó y cuando volvió … la diferencia entre Nasralla y (Hernández) bajó de 22,000 a 3,000. El fraude criminal está por consumarse”, tuiteó el padre jesuita Ismael Moreno, crítico abierto de Hernández y de la élite hondureña. “De consumarse entraríamos en la situación política más peligrosa de nuestra historia”.
Los resultados del tribunal emitidos temprano el 30 de noviembre mostraban a Hernández con una pequeña ventaja de menos del 1 por ciento. Nasralla, presentador de televisión y recién llegado a la arena política, que dirige una coalición conocida como Alianza de Oposición Contra la Dictadura, prometió protestar los resultados.
Las encuestas antes de la elección proyectaban una victoria para Hernández, quien controversialmente cambió la constitución para permitir su reelección. Muchos comentadores no podían evitar mencionar la ironía de que Hernández, acusado de autoritarismo, ganara un segundo mandato después que el presidente Manuel Zelaya fue derrocado en el 2009 supuestamente por querer buscar un segundo mandato.
“No es que (la gente) esté en contra de la reelección, sino que hay un procedimiento en la constitución … un plebiscito nacional”, que no fue realizado, dijo padre German Calix, director de Caritas Honduras.
Padre Calix dijo que el récord de Hernández es una mezcla de lo bueno y malo: los índices macroeconómicos mejoraron, las instituciones internacionales comenzaron a prestarle dinero a Honduras, el índice de homicidios bajó a la mitad de un nivel alto de más de 80 asesinatos por cada 100,000 residentes y los sospechosos acusados de conexiones con carteles narcos fueron extraditados. Pero la corrupción estaba descontrolada, incluyendo un desfalco de $200 millones del Instituto Hondureño de Seguridad Social, con parte del dinero desviado hacia el Partido Nacional de Hernández.
También, el asesinato en el 2006 de Berta Cáceres, una ambientalista y activista de derechos indígenas, todavía inflama indignación y es parte de un movimiento de impunidad contra los que trabajan en asuntos sociales y en los derechos humanos, personas quienes son asesinadas.
“La iglesia consideró ofensivo que esto nunca se resolviera”, dijo padre Calix.
“La sociedad hondureña y especialmente la iglesia … estaban diciendo que querían ver cambios en el país”, él dijo, explicando que la iglesia y el gobierno de Hernández nunca han tenido conflictos serios, pero tampoco son especialmente íntimos.
En un comunicado antes de las elecciones los obispos se refirieron a quejas de autoritarismo contra Hernández y las acusaciones de que él no respeta la separación de poderes.
“El irrespeto a este principio es causa de desorden jurídico y, en consecuencia, social”, escribieron los obispos. “Prueba de ello han sido las violaciones a la actual Constitución y las actuaciones de falsa legalidad que se han dado en los últimos años”.
