El 12 de noviembre, la Corte Suprema de los Estados Unidos revisará varias decisiones de la corte de apelaciones que han bloqueado la orden que el presidente Donald Trump dio en 2017 para finalizar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Establecida por la orden ejecutiva del presidente Barack Obama en 2012, el programa DACA proporciona protecciónes contra la deportación y permisos de trabajo para los inmigrantes indocumentados menores de 36 años y sin antecedentes penales graves.

Sin duda que el programa DACA ha suscitado un cuestionamiento acerca de aspectos constitucionales y legales relativos a él y sobre la manera en la que fue llevado a la práctica. Pero debemos hablar con claridad: en primer lugar, el destino de estos jóvenes adultos nunca debería haber llegado a los tribunales. Y no habría llegado ahí, si nuestros líderes de Washington simplemente hubieran dejado de lado sus intereses políticos y se hubieran unido entre sí para arreglar el defectuoso sistema de inmigración de nuestra nación.

Los fracasos de Washington traspasan las líneas entre partidos y se remontan a 1986, que fue la última vez en que el Congreso realizó reformas integrales a la política de inmigración.

Desde entonces, ha habido seis presidentes, procedentes de ambos partidos y 17 sesiones del Congreso. Durante ese período, ha habido años en que demócratas y republicanos han ocupado, cada quien, la presidencia y han controlado ambas cámaras del Congreso. Cualquier partido, por su cuenta, o ambos partidos juntos, podrían haber resuelto este problema, si hubiera existido la voluntad política y el valor para hacerlo.

Lo que cuenta ahora es que este presidente y este Congreso hagan algo por el programa DACA.

En este gran país, no deberíamos tener a jóvenes que estén viviendo bajo la amenaza de la deportación y cuyas vidas dependan del resultado de un caso judicial. Los temas que están en juego tienen que ver con la ley, pero también con aspectos humanitarios, económicos y morales.

Los 800 mil beneficiarios actuales del programa DACA se encuentran entre los cerca de 1.8 millones de “Dreamers”, esos jóvenes adultos que fueron traídos a este país cuando eran niños pequeños por familiares indocumentados.

A estas alturas, estos jóvenes ya han crecido y están profundamente integrados en nuestro tejido social: estudian en universidades y colegios, sirven en la policía y el ejército, trabajan en el área de los hospitales y de la de alta tecnología; algunos incluso se están preparando para el sacerdocio y la vida religiosa.

Aprovechando las promesas de DACA, están trabajando duro para contribuir al sueño americano. Más del 95% de ellos tienen un empleo, alrededor del 5% han inaugurado sus propios negocios y casi el 15% son propietarios de una casa.

Los líderes empresariales de todos los sectores de la economía dicen que estos adultos jóvenes son esenciales para el futuro económico de nuestra nación y hacen notar que ya están contribuyendo con miles de millones cada año en salarios e ingresos fiscales.

Esta contribución es especialmente importante en un momento en el que cada día hay 10,000 baby boomers —los nacidos, entre 1946 y 1964— que están llegando a la edad de la jubilación.

Los estadounidenses nunca han sido el tipo de personas que castiguen a los hijos por los errores de sus padres. Y a pesar de la polarización de nuestra política, sabemos en nuestro corazón que no es correcto responsabilizar a estos jóvenes por decisiones de su vida que ellos no tomaron.

Estados Unidos es su hogar; es el único país que han conocido. Ellos son “estadounidenses” en todos los aspectos, excepto en su estatus legal. Si los deportamos, en muchos casos los estaremos regresando a países que ya no recuerdan y que no han visto desde que eran bebés o niños pequeños.

Se espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre los casos relacionados con el programa DACA a fines de junio, unos cuantos meses antes de las elecciones de 2020.

El Congreso y el presidente deben asumir su responsabilidad y actuar ahora, y todos deberían resistir la tentación de hacer de esto un tema de campaña.

Existe un amplia aceptación y apoyo público a DACA por parte de representantes de ambos partidos, no solo entre los estadounidenses comunes sino también entre los líderes corporativos, civiles y religiosos.

Y ha habido una gran simpatía y apoyo para ayudar a estos jóvenes entre nuestros líderes de Washington.

Además de la orden ejecutiva de Obama sobre el programa DACA, muchos miembros de la Cámara y del Senado han respaldado la legislación que haría que las protecciones de DACA fueran permanentes. En 2018, Trump también propuso proporcionar un estatus legal permanente y un camino hacia la ciudadanía para los 1.8 millones que son elegibles según el programa DACA.

Éste es el momento de mostrar un verdadero liderazgo. Eso significa dejar de oponernos a ideas sólo porque “la otra parte” las ha propuesto. Eso significa que debemos rechazar el pensamiento que nos hace resistirnos a los acuerdos porque eso podría darles a nuestros rivales políticos, una “victoria”.

Existe una solución sencilla, sensata y humana: proporcionar un camino hacia la legalización y la ciudadanía para aquellos que pueden ser elegidos por el programa DACA, y, al mismo tiempo, promulgar medidas significativas para fortalecer la seguridad fronteriza.

Es cierto que hay muchos otros problemas que deben abordarse si queremos arreglar nuestro defectuoso sistema de inmigración. Pero no es correcto mantener a estos adultos jóvenes viviendo en una especie de limbo legal hasta que todos los demás problemas más complejos y polémicos, sean resueltos.

Nuestra nación les hizo una promesa a estos “Dreamers”. Tenemos una obligación moral para con ellos. Ya es tiempo de que el presidente y el Congreso cumplan esa promesa y se atengan a la realización de esta obligación.

Oren por mí esta semana y yo estaré orando por ustedes.

Y que la intercesión de nuestra Santísima Madre María ayude a guiar las conciencias de los líderes de nuestra gran nación.

Reimpreso con autorización de Angelusnews.com.