CIUDAD DE MÉXICO — Líderes católicos están pidiendo calma en
Honduras mientras se esperan los resultados de la reciente elección.
Ellos también expresaron preocupación por el tiempo que se ha
tomado para contar los votos y anunciar los resultados oficiales. La espera, de
más de cuatro días después de la elección del 26 de noviembre, arriesga socavar
la confianza en el proceso y perjudica la democracia en un país que tiene una
historia reciente de golpes de estado y crisis políticas, dijeron.
La conferencia de religiosos hondureños dijo el 29 de noviembre
que el retraso creaba un ambiente de inseguridad.
El día anterior la conferencia episcopal hondureña dijo en un
comunicado que "cualquier atraso en dicha información sólo genera una
suspicacia que no es conveniente y que puede detonar los sentimientos de
inseguridad y división a los que algunos políticos nos han llevado en los últimos
años".
Las elecciones presidenciales de Honduras se llevaron a acabo el
26 de noviembre. Los primeros resultados mostraban que el líder de la oposición
Salvador Nasralla iba ganando los votos por cinco por ciento sobre el
presidente Juan Orlando Hernández. Con 58 por ciento de los votos escrutados,
el tribunal electoral, controlado por aliados de Hernández, detuvo el conteo y
no dió información por más de un día.
Cuando el conteo de votos continuó, los resultados mostraron que
Hernández rápidamente iba cerrando la diferencia y sobrepasó a Nasralla. El
tribunal entonces retrasó declarar el ganador el 29 de noviembre debido a una
falla en las computadoras, algo que alimentó la sospecha.
"El sistema de cómputo se cayó y cuando volvió … la
diferencia entre Nasralla y (Hernández) bajó de 22,000 a 3,000. El fraude
criminal está por consumarse", tuiteó el padre jesuita Ismael Moreno,
crítico abierto de Hernández y de la élite hondureña. "De consumarse
entraríamos en la situación política más peligrosa de nuestra historia".
Los resultados del tribunal emitidos temprano el 30 de noviembre
mostraban a Hernández con una pequeña ventaja de menos del 1 por ciento.
Nasralla, presentador de televisión y recién llegado a la arena política, que
dirige una coalición conocida como Alianza de Oposición Contra la Dictadura,
prometió protestar los resultados.
Las encuestas antes de la elección proyectaban una victoria para
Hernández, quien controversialmente cambió la constitución para permitir su
reelección. Muchos comentadores no podían evitar mencionar la ironía de que
Hernández, acusado de autoritarismo, ganara un segundo mandato después que el
presidente Manuel Zelaya fue derrocado en el 2009 supuestamente por querer
buscar un segundo mandato.
"No es que (la gente) esté en contra de la reelección, sino
que hay un procedimiento en la constitución … un plebiscito nacional", que
no fue realizado, dijo padre German Calix, director de Caritas Honduras.
Padre Calix dijo que el récord de Hernández es una mezcla de lo
bueno y malo: los índices macroeconómicos mejoraron, las instituciones
internacionales comenzaron a prestarle dinero a Honduras, el índice de
homicidios bajó a la mitad de un nivel alto de más de 80 asesinatos por cada
100,000 residentes y los sospechosos acusados de conexiones con carteles narcos
fueron extraditados. Pero la corrupción estaba descontrolada, incluyendo un
desfalco de $200 millones del Instituto Hondureño de Seguridad Social, con
parte del dinero desviado hacia el Partido Nacional de Hernández.
También, el asesinato en el 2006 de Berta Cáceres, una
ambientalista y activista de derechos indígenas, todavía inflama indignación y
es parte de un movimiento de impunidad contra los que trabajan en asuntos
sociales y en los derechos humanos, personas quienes son asesinadas.
"La iglesia consideró ofensivo que esto nunca se
resolviera", dijo padre Calix.
"La sociedad hondureña y especialmente la iglesia … estaban
diciendo que querían ver cambios en el país", él dijo, explicando que la
iglesia y el gobierno de Hernández nunca han tenido conflictos serios, pero
tampoco son especialmente íntimos.
En un comunicado antes de las elecciones los obispos se
refirieron a quejas de autoritarismo contra Hernández y las acusaciones de que
él no respeta la separación de poderes.
"El irrespeto a este principio es causa de desorden jurídico
y, en consecuencia, social", escribieron los obispos. "Prueba de ello
han sido las violaciones a la actual Constitución y las actuaciones de falsa
legalidad que se han dado en los últimos años".