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Obispos españoles condenan endurecimiento de normas sobre aborto, eutanasia

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MADRID — Los obispos católicos de España condenaron una legislación respaldada por el gobierno para criminalizar oraciones y protestas fuera de clínicas de aborto, así como planes para crear un registro de médicos que se nieguen a realizar abortos.

"Se debe reconocer el derecho a la libertad de expresión y protesta", expresó el Obispo Auxiliar de Valladolid Monseñor Luis Argüello García, secretario general de la conferencia episcopal.

"Las personas que rezan en estas clínicas lo hacen por iniciativa propia, recordando la sagrada dignidad de la vida humana y ofreciendo información sobre alternativas al aborto. Es preocupante que prevenir la vida se considere un signo de progreso, mientras que oponerse al aborto se considere ultraconservador", manifestó el obispo en una conferencia de prensa el 30 de septiembre, mientras el gobierno seguía adelante con sus planes para reforzar la ley de aborto en España, criminalizando las acciones fuera de las clínicas.

El obispo añadió que "si se reconoce legalmente el derecho al aborto, también se debe reconocer el derecho a la libertad de expresión y manifestación, así como la posibilidad de difundir información".

El proyecto de ley ordenaría hasta un año de cárcel o servicio comunitario por "burlarse públicamente de las mujeres". Una patrocinadora del Partido Socialista Laura Berja, dijo a los legisladores que "insultar a las mujeres y llamarlas asesinas" no era "libertad de expresión, sino coacción criminal".

Líderes de la Iglesia también han criticado los planes de la Ministra de Igualdad Irene Montero, de crear un registro de médicos que se opongan conscientemente a realizar abortos.

En un comunicado de finales de septiembre, el director del Foro Español de la Familia Javier Rodríguez dijo que dicho registro crearía "nuevos mecanismos para perseguir y silenciar a los disidentes" y obligaría a los profesionales de la salud "a actuar no sólo contra sus creencias y valores, sino también contra sus códigos éticos".

Mientras tanto, el Colegio Médico de Madrid advirtió el 26 de septiembre que la medida "amordazaría a quienes piensan de manera diferente" y alteraría "todo el sistema de libertades", agregando que corría el riesgo de violar la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950.

El semanario católico de información Alfa y Omega de España dijo el 1 de octubre que la presión también estaba creciendo para prohibir la objeción de conciencia para que los médicos pudieran optar por no realizar la eutanasia. El periódico dijo que "los intentos de los medios de comunicación para crear un clima de opinión" contra la objeción de conciencia ya habían provocado "situaciones muy desagradables para los objetores".

Tras una reunión de dos días del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Española, el Obispo Argüello instó a las organizaciones médicas a oponerse a las medidas que "afectarían el derecho a la libertad de conciencia".

"Ésta es una época en la que se habla tanto de la protección de datos, de respetar la conciencia y la libertad de cada uno", indicó en la rueda de prensa de Madrid.

"Si el argumento para crear este registro es organizar mejor estas disposiciones, ¿por qué no se registra a las personas que están dispuestas a realizar un aborto o eutanasia?"

La Iglesia Católica representa el 62 por ciento de los 47 millones de habitantes de España, según datos del 2020, y también ha criticado la legislación respaldada por el gobierno que facilita el matrimonio entre personas del mismo sexo, la educación secularizada y la eutanasia financiada por el estado.

También se aprobó para su promulgación en junio un proyecto de "Ley Trans", que permite a personas mayores de 16 años volver a registrar su género a través de una declaración judicial sin procedimientos médicos o legales. Además, un "Estatuto de laicismo", que hace cumplir "una estricta separación entre la política y religión, ley y moralidad, crimen y pecado", está programado para su adopción en octubre.

© Arlington Catholic Herald 2021